Debido a la situación de incertidumbre que se está viviendo en el Sistema Financiero hace ya algún tiempo, el Banco de España se ha centrado en tres marcadores fundamentales: liquidez, solvencia y morosidad. Las entidades financieras que operan en nuestro país de dimensiones reducidas, pueden tener dificultades a la hora de hacer frente a los riesgos en esta situación. Ante esta preocupación, el Banco de España está presionando para que entidades de dimensiones reducidazas (como las Cajas Rurales y Coop de Crédito) desarrollen un sistema protector, denominado SISTEMA INSTITUCIONAL DE PROTECCIÓN (SIP), que permite afrontar con más garantías las dificultades relacionadas con la liquidez, solvencia y gestión colectiva de riesgos.

Este sistema supone un mecanismo de apoyo y defensa mutua de las entidades que lo integren, con la intención de garantizar la liquidez y solvencia de todos sus miembros, dando apoyo a través de fondos inmediatamente disponibles, permitiendo a cada entidad mantener su identidad y personalidad jurídica. Este apoyo refuerza a las entidades y mejora la valoración de las agencias de calificación, facilitando el acceso a la financiación en los mercados. Además, los integrantes se pueden beneficiar de economías de escala y desarrollar nuevos negocios.

Aunque hay que superar una serie de dificultades para poder desarrollar un sistema así, como renunciar a cierta autonomía de gestión de cada entidad a favor del sistema, compaginar las diferentes políticas expansivas o conservadoras, los recelos de las de menor tamaño con respecto a las de mayor, la situación de los integrantes de liquidez, solvencia y morosidad que presentan a priori, ...

Resumiendo, la SIP es como una UTE, de entidades financieras de dimensiones reducidas, que se unen para afrontar sus debilidades ante la inestabilidad del Sistema Financiero actual.

Hasta aquí, bien. Pero una vez que el Sistema Financiero se estabilice, las SIP´s que se hayan formado ¿seguirán operando en el mercado como un conjunto de pequeñas entidades con su soberanía e independencia, plena personalidad jurídica, con sus órganos de gobierno y dirección, sus plantillas de empleados, oficinas, sedes sociales, ...? ¿Se disolverán y volveremos al punto de partida, donde cada una vuelve a operar con sus debilidades individuales? ¿O el final de la SIP será constituirla como una sola y nueva entidad, con los activos de sus componentes, con un solo órgano de gobierno y dirección, con su plantilla de empleados, su propia red de oficinas, su propia sede social, su propia personalidad jurídica, ..., lo que podríamos llamar una fusión, desapareciendo del mercado estas pequeñas entidades formando una de mayor dimensión?

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Domingo, 29 de noviembre de 2009, a una semana de las elecciones presidenciales y al parlamento.

La mañanita de domingo en La Paz es tranquila. Las calles mojadas por la lluvia tienen aspecto de recién estrenadas. En la plaza frente al estadio Hernán Siles algunos altavoces y gente con banderas del Movimiento Sin Miedo, el partido del Alcalde de La Paz, que apoya al gobierno, son la única muestra de la campaña electoral.

El último fin de semana estuvo algo más movido: una masa grande de gente del MAS (Movimiento al Socialismo), el partido del gobierno, bajó desde la Estación de Ferrocarril hasta el Estadio y subió por la Busch hasta la Plaza Villarroel, con muchas banderas, con la tranquilidad de las marchas festivas.

Hay afiches y pancartas de los partidos en las farolas y en las plazas. Se han visto a lo largo de la campaña algunas plazas con banderines y pancartas amarillas y rojas que son los colores de Convergencia, el principal partido de la oposición que tiene como candidato a Presidente a Manfred Reyes, edecán de García Meza uno de los últimos dictadores. Junto a su ministro del Interior Luis Arce Gómez (extraditado recientemente desde Estados Unidos tras cumplir su condena por narcotraficante) convirtieron al país en un paraíso de la droga y llevaron a cabo múltiples asesinatos de ciudadanos y líderes sociales y sindicales. Entre ellos se cuenta el del sacerdote jesuita español Luis Espinal Camps que dirigía el Semanario Aquí, que fue salvajamente torturado en un matadero de la hollada de La Paz y tirado en un basurero.

Su candidato a Vicepresidente es Leopoldo Fernández, que está en la cárcel de San Pedro, acá en el centro de La Paz, imputado principal como organizador del asesinato masivo de decenas de campesino en el Departamento de Pando, cuando acudían a la capital, Cobija, a una reunión sindical el 11 de septiembre del año pasado. Leopoldo era el prefecto del Departamento y envió a sus funcionarios a emboscar con armas a los campesinos.

Hay también otro candidato opositor más moderado, Samuel Doria Medina, un empresario que maneja el lema “Poner Bolivia a trabajar” y que estuvo en la cárcel por corrupción económica.

Las campañas son en todas partes un fenómeno mediático, que se produce en los periódicos y en la televisión. Se discuten menos los programas y se urden tramas para desprestigiar. En este caso, se ataca al declarado ganador, el Presidente Evo Morales, acusándolo de algo sorprendente: haber traído a un grupo croata armado independentista que estaba promoviendo el terrorismo en Santa Cruz, y que estaba intentando atentar contra él.

Y es que, a todas luces el triunfo parece asegurado por una oposición muy dividida, con opciones ultrarradicales, por un resultado económico muy bueno para el gobierno (la economía ha seguido creciendo a buen ritmo, las reservas del Banco Central ascienden a 8.000 millones de dólares con capacidad para afrontar cualquier elemento de la crisis; los beneficios de bancos y grandes empresas han sido mayores que en otros periodos; hay exceso de liquidez, demasiado dinero para invertir), por los beneficios sociales para los más pobres provenientes de los impuestos del gas y del petróleo (un bono para los mayores de 65 años superior a 300 dólares; otro para las embarazadas; otro para los niños que terminan su curso en la escuela pública; se han construido carreteras, escuelas y centros de salud con ayuda venezolana); y por la identificación de las grandes mayorías indígenas con el presidente, al que consideran una persona que ha sufrido como ellos.

La certeza del triunfo del MAS es reconocida por los opositores y lo que realmente está en juego es este alcanzará los dos tercios. El gobierno podría así introducir cambios en la Constitución en puntos que tuvieron que ser consensuados por no disponer de mayoría en el Parlamento.

Pero la derecha sigue peleando hasta el final. Estos días la Corte Electoral en manos de los políticos tradicionales, tras haber objetado el viejo padrón electoral y exigido un padrón biométrico (con un costo de 50 millones de dólares) donde la prueba de identidad estaría en las huellas digitales, ha rechazado la identidad de 400.000 votantes (sobre un total de 5 millones), en su mayoría gente humilde, exigiéndoles partidas de nacimiento, el documento en que se basaba el antiguo padrón.

Es casi un paseo triunfal. Pero, ¿qué dicen aquellos que apostaron por un cambio más a fondo?: que la gestión del gobierno no ha sido todo lo trasparente y ágil que merecía la gente tras una larga espera de siglos; que la bonanza económica ha beneficiado sobre todo a los empresarios grandes que están apoyando ya en Santa Cruz la gestión del Presidente; que el programa económico del MAS se preocupa menos por una distribución mejor de la riqueza y más por un desarrollo capitalista puro (se está comprando un satélite para tener autonomía en las comunicaciones, se piensa en la industrialización de las mayores reservas de litio del mundo, se proyecta un tren de alta velocidad entre La Paz y Oruro... Y todo ello construido sobre la base de los beneficios de la industria extractiva de petróleo, gas y minerales); que existe ya una burguesía aymara que maneja intereses de empresas importantes y de la administración del Estado. Se camina hacia el centro y eso beneficiará más a los empresarios, y de momento, las grandes mayorías de excluidos por la pobreza no saldrán tan beneficiados. En buena parte, también la administración del Estado irá por esta senda.

Bolivia está entrando al verano. Han tardado en llegar este año la lluvias, que se esperaban con ansiedad, porque las papas, el maíz, la quinúa, todos cultivos y el pasto del ganado dependen de ello. La sequía ha dejado una secuela de escasez, de necesidades básicas insatisfechas entre comunidades campesinas de las tierras altas y del Chaco. En un sistema que apuesta por la participación y el control social, todavía cuesta ver estas situaciones y las ayudas llegan lentas.

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